La Democracia en INGENIO

La Democracia en INGENIO

La profundización democrática solo será posible reformando las formas de hacer política y apostando por la democracia participativa para conseguir un cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social cultural y ético desde la participación ciudadana y la trasparencia en la gestión de lo público.

1.     ADMINISTRACIONES DEMOCRÁTICAS

·         Defendemos que la descentralización del Estado es la mejor garantía para unos servicios más cercanos a la ciudadanía. Lucharemos por  derogar la Ley anti-Ayuntamientos del PP. Los Ayuntamientos necesitan más financiación, más trasparencia y más democracia, no menos. Los asuntos han de ser resueltos, en la medida de lo posible, en las instancias más cercanas a la ciudadanía.

·         Defendemos la autonomía financiera de las administraciones locales que asegure la suficiencia financiera de los municipios y sus competencias.

·         Democratizar el funcionamiento del Ayuntamiento para asegurar la trasparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el control ciudadano. Proponemos realizar los plenos por la tarde y que sean grabados y colgados en la web municipal.

·         No habrá democracia plena mientras los ciudadanos no podamos elegir el Jefe del Estado, por ello defendemos la República. Defendemos un Estado Federal solidario en el que todos los ciudadanos tengamos garantizados nuestros derechos en condiciones de igualdad. Defendemos, asimismo, un estado laico, es decir la separación efectiva entre las administraciones publicas y la iglesia.

2.     DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

No queremos gobernar por delegación, sino con participación. Tenemos el convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia.

Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente con la sociedad civil y trabajar porque la gente participe. No debemos dejar el control democrático a banqueros o empresas y por ello queremos impulsar desde el ámbito municipal procesos de intervención directa en las decisiones que se toman en el municipio. Se trata de avanzar a una democracia participativa que ponga a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la política y la economía y que posibilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los servicios públicos.

·         Establecer mecanismo de consultas populares para asuntos de trascendencia municipal.

·         Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos, que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos. El ejercicio de este derecho se puede realizar a través de mecanismos como la democracia representativa, directa y comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos municipales o los observatorios populares.

·         Establecimiento de presupuestos participativos, para que en la gestión y control de los presupuestos del Ayuntamiento haya participación de los ciudadanos/as.

·         Revocabilidad de los cargos públicos o moción de censura ciudadana del alcalde y de los concejales, adaptándolo a los diferentes procedimientos de elección de cada uno de estos cargos. El procedimiento de revocación se podría poner en marcha transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el cargo público por un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras de la circunscripción. Una vez conseguidas las firmas suficientes se sometería a votación popular la propuesta de revocación

3.     MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

·         Perseguiremos el enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado)  de cargos públicos municipales o afines a los mismos aplicando  medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Los corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas: aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del derecho lesionado y costes judiciales

·         Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivas responsabilidades. Sanciones específicas por dejación de funciones.

·         Los salarios de los representantes electos no pueden exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor.

·         Eliminación de los complementos por cargo. Pago de los gastos justificados en base a los desplazamientos. Impedir la acumulación de dietas. El cobro de dietas se hará en función de la asistencia a las reuniones o plenos de los órganos de los que se forma parte y de una cuantía ajustada a la dedicación que requiere. Eliminación de los planes de pensiones privados u otras prestaciones otorgadas por el hecho de ser cargo público y que sean pagados con cargos a los presupuestos del Ayuntamiento.

·         Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.

·         Regulación estricta de incompatibilidades durante el ejercicio de cargos públicos para evitar la simultaneidad con la participación en entidades privadas.

·         Una incompatibilidad radical para la gestión y contratación del sector público por empresas que cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio a quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado en la Administración los tres años anteriores.

·         Impedir que en los tres años siguientes al cese de sus funciones puedan ejercer funciones en empresas privadas o prestar servicios remunerados en las mismas que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo, cuando las empresas hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual.

·         Medidas contra el transfuguismo. El transfuguismo es uno de los peores descréditos para la vida política y una deformación de la voluntad popular. Por ello,  IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter no admitirá en sus listas un miembro integrado en la candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo conseguido en su partido original.

·         Limitación en el número de asesores y de cargos de confianza política y transparencia en los nombramientos y en sus retribuciones.

·         Revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.

·         Las contrataciones se realizarán a través de comisiones específicas, cuyo funcionamiento será transparente, sus decisiones públicas y en las que participarán los representantes de todos los grupos municipales. Sus componentes tendrán acceso a los expedientes de contratación.

·         Creación de un Registro público de recalificaciones de suelo. El Ayuntamiento incorporará en los expedientes urbanísticos la historia registral de las transacciones que sobre los suelos afectados se hayan realizado en los diez años anteriores. Desarrollo urgente de las medidas preventivas contempladas en la Ley de Suelo 8/2007, con especial atención a las plusvalías públicas, para que el planeamiento municipal no se pueda convertir en plusvalías privadas en su integridad y se incremente la participación pública de la plusvalía en beneficio del interés general, así como a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales, que han de ser públicos en tiempo real a través de la red. Aplicación de la Disposición adicional novena de la Ley de Suelo, mediante la creación en todos los Municipios, de un Registro de Actividades y de un Registro de Bienes Patrimoniales de cada cargo público, las variaciones producidas durante el período del ejercicio del cargo, con una declaración final con ocasión del cese y al terminar el mandato. La Ley de Suelo debe clarificar y armonizar las competencias, reducir plazos, simplificar las normas y los procedimientos urbanísticos y hacerlos más transparentes y accesibles, evitando toda discrecionalidad. Fijación de precios máximos de venta del suelo.

·         Creación de un Cuerpo de Inspectores, ajenos a los Ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los planeamientos urbanísticos. Incremento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas. Medidas de sujeción de las plusvalías de urbanismo al interés general, de tal modo que los beneficios derivados de las recalificaciones de suelo y del aumento de la edificabilidad reviertan en beneficio de la sociedad.

·         Establecer, por plazo de cinco años, un registro público de actividades profesionales de miembros del Gobierno, altos cargos, así como gestores públicos que cesen en el desempeño de sus funciones.

·         Regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre designación. Prohibición de percibir obsequios o invitaciones por parte de contratistas de la institución.

·         Apostamos por una función pública profesionalizada, por lo cual se deberán limitar los puestos de libre designación a los estrictamente necesarios, se favorecerá una carrera profesional basada en los principios del mérito y capacidad, generalizándose el sistema de concurso como instrumento de provisión de puestos.

4.     TRASPARENCIA

En una verdadera democracia sólo es posible una auténtica participación por parte de la ciudadanía si ésta puede acceder en igualdad de condiciones a todo tipo de información que se encuentre en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad privada que realice funciones públicas. La mejor herramienta para garantizar el pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho es la existencia de una ley específica de acceso a la información.

La información de las instituciones públicas debe ser accesible a los ciudadanos y, al mismo tiempo, las instituciones deben ser proactivas en el ofrecimiento y puesta a disposición de esa información para los ciudadanos.

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona, que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

·         Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud. Desde IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter proponemos usar la página web institucional , la radio y televisión pública así como las redes sociales para colgar y difundir esta información evitando así el uso de la información institucional con fines partidistas tal y como sucede hoy en día con el grupo de gobierno.

5.     UN PUEBLO CON MEMORIA

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus descendientes es una necesidad democrática, porque la democracia no será plena en nuestro país hasta que no se reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

·         Borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia honrosa al pasado franquista que hemos padecido en nuestro país.

·         Fomentar la divulgación de la historia de la República desde la perspectiva de los logros sociales conseguidos en la misma, voto femenino, alfabetización de la población rural, construcción de escuelas, etc.