La
Democracia en INGENIO
La profundización democrática solo será posible reformando
las formas de hacer política y apostando por la democracia participativa para
conseguir un cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social
cultural y ético desde la participación ciudadana y la trasparencia en la
gestión de lo público.
1.
ADMINISTRACIONES
DEMOCRÁTICAS
·
Defendemos que la
descentralización del Estado es la mejor garantía para unos servicios más cercanos
a la ciudadanía. Lucharemos por derogar la Ley anti-Ayuntamientos del PP.
Los Ayuntamientos necesitan más financiación, más trasparencia y más
democracia, no menos. Los asuntos han de ser resueltos, en la medida de lo
posible, en las instancias más cercanas a la ciudadanía.
·
Defendemos la autonomía
financiera de las administraciones locales que asegure la suficiencia
financiera de los municipios y sus competencias.
·
Democratizar el
funcionamiento del Ayuntamiento para asegurar la trasparencia en la toma de
decisiones, la participación de las minorías y el control ciudadano. Proponemos
realizar los plenos por la tarde y que sean grabados y colgados en la web
municipal.
·
No habrá democracia plena
mientras los ciudadanos no podamos elegir el Jefe del Estado, por ello
defendemos la República. Defendemos un
Estado Federal solidario en el que
todos los ciudadanos tengamos garantizados nuestros derechos en condiciones de
igualdad. Defendemos, asimismo, un estado
laico, es decir la separación efectiva entre las administraciones publicas
y la iglesia.
2.
DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
No queremos gobernar por delegación, sino con participación.
Tenemos el convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia.
Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente con
la sociedad civil y trabajar porque la gente participe. No debemos dejar el
control democrático a banqueros o empresas y por ello queremos impulsar desde
el ámbito municipal procesos de intervención directa en las decisiones que se
toman en el municipio. Se trata de avanzar a una democracia participativa que
ponga a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la política y la economía y
que posibilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en la
planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los
servicios públicos.
·
Establecer mecanismo de consultas populares para asuntos de
trascendencia municipal.
·
Fomentar la participación ciudadana en la gestión de
los bienes y servicios públicos, que permita a la ciudadanía participar en
la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de
objetivos de los servicios públicos. El ejercicio de este derecho se puede
realizar a través de mecanismos como la democracia representativa, directa y
comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio,
los consejos municipales o los observatorios populares.
·
Establecimiento de presupuestos participativos, para que en
la gestión y control de los presupuestos del Ayuntamiento haya participación de
los ciudadanos/as.
·
Revocabilidad
de los cargos públicos o moción de censura
ciudadana del alcalde y de los concejales, adaptándolo a los diferentes
procedimientos de elección de cada uno de estos cargos. El procedimiento de
revocación se podría poner en marcha transcurrida la mitad del período para el
cual fue elegido el cargo público por un número no menor del veinte por ciento
de los electores o electoras de la circunscripción. Una vez conseguidas las
firmas suficientes se sometería a votación popular la propuesta de revocación
3.
MEDIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN
·
Perseguiremos el enriquecimiento
ilícito (patrimonio injustificado) de
cargos públicos municipales o afines a los mismos aplicando medidas cautelares que impongan el cese de
políticos imputados y el abandono del cargo. Los corruptos tendrán que asumir
los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas:
aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del
derecho lesionado y costes judiciales
·
Control
estricto del absentismo de los cargos electos en
sus respectivas responsabilidades. Sanciones específicas por dejación de
funciones.
·
Los salarios de los representantes electos no pueden exceder al del
funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor.
·
Eliminación
de los complementos por cargo. Pago de los gastos
justificados en base a los desplazamientos. Impedir la acumulación de dietas.
El cobro de dietas se hará en función de la asistencia a las reuniones o plenos
de los órganos de los que se forma parte y de una cuantía ajustada a la
dedicación que requiere. Eliminación de los planes de pensiones privados u
otras prestaciones otorgadas por el hecho de ser cargo público y que sean
pagados con cargos a los presupuestos del Ayuntamiento.
·
Publicación
obligatoria del patrimonio de todos los cargos
públicos.
·
Regulación
estricta de incompatibilidades durante el ejercicio de
cargos públicos para evitar la simultaneidad con la participación en entidades
privadas.
·
Una incompatibilidad
radical para la gestión y contratación del sector público por empresas que
cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio a
quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado en la
Administración los tres años anteriores.
·
Impedir que en los tres
años siguientes al cese de sus funciones puedan ejercer funciones en empresas
privadas o prestar servicios remunerados en las mismas que desarrollen
actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades
en el ejercicio de su cargo, cuando las empresas hayan sido objeto de
privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios
externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza
contractual.
·
Medidas contra el transfuguismo.
El transfuguismo es uno de los peores descréditos para la vida política y una
deformación de la voluntad popular. Por ello,
IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter no admitirá en sus listas un miembro
integrado en la candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo
conseguido en su partido original.
·
Limitación
en el número de asesores y de cargos de confianza
política y transparencia en los nombramientos y en sus retribuciones.
·
Revisiones de los precios
de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e
incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.
·
Las contrataciones se realizarán a través de comisiones específicas,
cuyo funcionamiento será transparente, sus decisiones públicas y en las que
participarán los representantes de todos los grupos municipales. Sus
componentes tendrán acceso a los expedientes de contratación.
·
Creación de un Registro público de recalificaciones de
suelo. El Ayuntamiento incorporará en los expedientes urbanísticos la
historia registral de las transacciones que sobre los suelos afectados se hayan
realizado en los diez años anteriores. Desarrollo urgente de las medidas
preventivas contempladas en la Ley de Suelo 8/2007, con especial atención a las
plusvalías públicas, para que el planeamiento municipal no se pueda convertir
en plusvalías privadas en su integridad y se incremente la participación
pública de la plusvalía en beneficio del interés general, así como a la
transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e
instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales,
que han de ser públicos en tiempo real a través de la red. Aplicación de la
Disposición adicional novena de la Ley de Suelo, mediante la creación en todos
los Municipios, de un Registro de Actividades y de un Registro de Bienes
Patrimoniales de cada cargo público, las variaciones producidas durante el
período del ejercicio del cargo, con una declaración final con ocasión del cese
y al terminar el mandato. La Ley de Suelo debe clarificar y armonizar las
competencias, reducir plazos, simplificar las normas y los procedimientos
urbanísticos y hacerlos más transparentes y accesibles, evitando toda
discrecionalidad. Fijación de precios máximos de venta del suelo.
·
Creación de un Cuerpo de
Inspectores, ajenos a los Ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los
planeamientos urbanísticos. Incremento de la fiscalidad de las plusvalías
obtenidas. Medidas de sujeción de las plusvalías de urbanismo al interés
general, de tal modo que los beneficios derivados de las recalificaciones de
suelo y del aumento de la edificabilidad reviertan en beneficio de la sociedad.
·
Establecer, por plazo de
cinco años, un registro público de actividades profesionales de miembros del Gobierno,
altos cargos, así como gestores públicos que cesen en el desempeño de sus
funciones.
·
Regulación de criterios de
transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre
designación. Prohibición de percibir obsequios o invitaciones por parte de
contratistas de la institución.
·
Apostamos
por una función pública profesionalizada,
por lo cual se deberán limitar los puestos de libre designación a los
estrictamente necesarios, se favorecerá una carrera profesional basada en los
principios del mérito y capacidad, generalizándose el sistema de concurso como
instrumento de provisión de puestos.
4.
TRASPARENCIA
En una verdadera democracia sólo
es posible una auténtica participación por parte de la ciudadanía si ésta puede
acceder en igualdad de condiciones a todo tipo de información que se encuentre
en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad privada que
realice funciones públicas. La mejor herramienta para garantizar el pleno
reconocimiento y ejercicio de este derecho es la existencia de una ley
específica de acceso a la información.
La información de las instituciones públicas debe ser
accesible a los ciudadanos y, al mismo tiempo, las instituciones deben ser
proactivas en el ofrecimiento y puesta a disposición de esa información para
los ciudadanos.
El derecho de acceso a la información es un derecho
fundamental de toda persona, que debe
poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita
la información.
·
Las entidades públicas, a
iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y
esencial sin que sea necesario realizar una solicitud. Desde IUC-LV, Unidad del
Pueblo y Alter proponemos usar la página web institucional , la radio y televisión
pública así como las redes sociales para colgar y difundir esta información
evitando así el uso de la información institucional con fines partidistas tal y
como sucede hoy en día con el grupo de gobierno.
5.
UN
PUEBLO CON MEMORIA
Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus descendientes es
una necesidad democrática, porque la democracia no será plena en nuestro país
hasta que no se reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute el
homenaje que se merecen los hombres y mujeres que se enfrentaron a él. Por ello
proponemos:
·
Borrar de nuestras calles y
plazas cualquier referencia honrosa al pasado franquista que hemos padecido en
nuestro país.
·
Fomentar la divulgación de la
historia de la República desde la perspectiva de los logros sociales
conseguidos en la misma, voto femenino, alfabetización de la población rural,
construcción de escuelas, etc.
