PROGRAMA MUNICIPAL INGENIO 2015
Estimada
lectora o lector:
Les presentamos aquí las propuestas del Programa Izquierda
Unida Canaria –Los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana:
Canarias Decide (IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter) para las elecciones Municipales de Mayo de 2015 en nuestro
municipio. Se trata de propuestas que hemos elaborado colectivamente con
organizaciones sociales, sindicales, políticas culturales y con miles de
afiliados y simpatizantes de IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter.
Esta
propuesta programática es el fin de un proceso de debate que ha girado en torno
a 5 preguntas que articulan los 5 ejes de propuestas para un nuevo proyecto de
pueblo: económicas, democráticas,
servicios públicos, mediadas ambientales y de igualdad.
Desde el
convencimiento de que vamos a cambiar Ingenio
con tu apoyo y con la voluntad democrática de hacerlo poniendo a las
personas en el centro de la economía y los derechos.
Deseamos que se produzca una evolución hacia una
sociedad más justa, sostenible y democrática.
Una sociedad con carácter solidario, donde la vida de las personas sea
digna, libre e igualitaria.
En esta línea y ante esta situación de
emergencia social de municipal,las organizaciones políticas que suscribimos estas líneas programáticas,
nos comprometemos, no solo para una actuación política de gestión durante
cuatro años, sino que nos comprometemos a la búsqueda de una continuidad y de
una unidad en la acción, contra todas aquellas políticas que impidan el
desarrollo de Ingenio, su cohesión social, la democracia participativa, la
lucha por un nuevo modelo económico, que implique una verdadera diversificación
de la economía, la creación de empleo, la investigación, innovación, desarrollo
y de sostenibilidad ambiental de nuestro territorio, la recuperación de los
servicios básicos como el abastecimiento de agua, todo ello para el beneficio
de nuestro pueblo.
SALUD Y
REPÚBLICA
FELIPE
GUTIÉRREZ
Coordinador
de IUC – LV Ingenio y candidato a la Alcaldía de Ingenio
La
Democracia en INGENIO
La profundización democrática solo será posible reformando
las formas de hacer política y apostando por la democracia participativa para
conseguir un cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social
cultural y ético desde la participación ciudadana y la trasparencia en la
gestión de lo público.
1.
ADMINISTRACIONES
DEMOCRÁTICAS
·
Defendemos que la
descentralización del Estado es la mejor garantía para unos servicios más cercanos
a la ciudadanía. Lucharemos por derogar la Ley anti-Ayuntamientos del PP.
Los Ayuntamientos necesitan más financiación, más trasparencia y más
democracia, no menos. Los asuntos han de ser resueltos, en la medida de lo
posible, en las instancias más cercanas a la ciudadanía.
·
Defendemos la autonomía
financiera de las administraciones locales que asegure la suficiencia
financiera de los municipios y sus competencias.
·
Democratizar el
funcionamiento del Ayuntamiento para asegurar la trasparencia en la toma de
decisiones, la participación de las minorías y el control ciudadano. Proponemos
realizar los plenos por la tarde y que sean grabados y colgados en la web
municipal.
·
No habrá democracia plena
mientras los ciudadanos no podamos elegir el Jefe del Estado, por ello
defendemos la República. Defendemos un
Estado Federal solidario en el que
todos los ciudadanos tengamos garantizados nuestros derechos en condiciones de
igualdad. Defendemos, asimismo, un estado
laico, es decir la separación efectiva entre las administraciones publicas
y la iglesia.
2.
DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
No queremos gobernar por delegación, sino con participación.
Tenemos el convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia.
Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente con
la sociedad civil y trabajar porque la gente participe. No debemos dejar el
control democrático a banqueros o empresas y por ello queremos impulsar desde
el ámbito municipal procesos de intervención directa en las decisiones que se
toman en el municipio. Se trata de avanzar a una democracia participativa que
ponga a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la política y la economía y
que posibilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en la
planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los
servicios públicos.
·
Establecer mecanismo de consultas populares para asuntos de
trascendencia municipal.
·
Fomentar la participación ciudadana en la gestión de
los bienes y servicios públicos, que permita a la ciudadanía participar en
la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de
objetivos de los servicios públicos. El ejercicio de este derecho se puede
realizar a través de mecanismos como la democracia representativa, directa y
comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio,
los consejos municipales o los observatorios populares.
·
Establecimiento de presupuestos participativos, para que en
la gestión y control de los presupuestos del Ayuntamiento haya participación de
los ciudadanos/as.
·
Revocabilidad
de los cargos públicos o moción de censura
ciudadana del alcalde y de los concejales, adaptándolo a los diferentes
procedimientos de elección de cada uno de estos cargos. El procedimiento de
revocación se podría poner en marcha transcurrida la mitad del período para el
cual fue elegido el cargo público por un número no menor del veinte por ciento
de los electores o electoras de la circunscripción. Una vez conseguidas las
firmas suficientes se sometería a votación popular la propuesta de revocación
3.
MEDIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN
·
Perseguiremos el enriquecimiento
ilícito (patrimonio injustificado) de
cargos públicos municipales o afines a los mismos aplicando medidas cautelares que impongan el cese de
políticos imputados y el abandono del cargo. Los corruptos tendrán que asumir
los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas:
aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del
derecho lesionado y costes judiciales
·
Control
estricto del absentismo de los cargos electos en
sus respectivas responsabilidades. Sanciones específicas por dejación de
funciones.
·
Los salarios de los representantes electos no pueden exceder al del
funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor.
·
Eliminación
de los complementos por cargo. Pago de los gastos
justificados en base a los desplazamientos. Impedir la acumulación de dietas.
El cobro de dietas se hará en función de la asistencia a las reuniones o plenos
de los órganos de los que se forma parte y de una cuantía ajustada a la
dedicación que requiere. Eliminación de los planes de pensiones privados u
otras prestaciones otorgadas por el hecho de ser cargo público y que sean
pagados con cargos a los presupuestos del Ayuntamiento.
·
Publicación
obligatoria del patrimonio de todos los cargos
públicos.
·
Regulación
estricta de incompatibilidades durante el ejercicio de
cargos públicos para evitar la simultaneidad con la participación en entidades
privadas.
·
Una incompatibilidad
radical para la gestión y contratación del sector público por empresas que
cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio a
quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado en la
Administración los tres años anteriores.
·
Impedir que en los tres
años siguientes al cese de sus funciones puedan ejercer funciones en empresas
privadas o prestar servicios remunerados en las mismas que desarrollen
actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades
en el ejercicio de su cargo, cuando las empresas hayan sido objeto de
privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios
externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza
contractual.
·
Medidas contra el transfuguismo.
El transfuguismo es uno de los peores descréditos para la vida política y una
deformación de la voluntad popular. Por ello,
IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter no admitirá en sus listas un miembro
integrado en la candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo
conseguido en su partido original.
·
Limitación
en el número de asesores y de cargos de confianza
política y transparencia en los nombramientos y en sus retribuciones.
·
Revisiones de los precios
de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e
incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.
·
Las contrataciones se realizarán a través de comisiones específicas,
cuyo funcionamiento será transparente, sus decisiones públicas y en las que
participarán los representantes de todos los grupos municipales. Sus
componentes tendrán acceso a los expedientes de contratación.
·
Creación de un Registro público de recalificaciones de
suelo. El Ayuntamiento incorporará en los expedientes urbanísticos la
historia registral de las transacciones que sobre los suelos afectados se hayan
realizado en los diez años anteriores. Desarrollo urgente de las medidas
preventivas contempladas en la Ley de Suelo 8/2007, con especial atención a las
plusvalías públicas, para que el planeamiento municipal no se pueda convertir
en plusvalías privadas en su integridad y se incremente la participación
pública de la plusvalía en beneficio del interés general, así como a la
transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e
instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales,
que han de ser públicos en tiempo real a través de la red. Aplicación de la
Disposición adicional novena de la Ley de Suelo, mediante la creación en todos
los Municipios, de un Registro de Actividades y de un Registro de Bienes
Patrimoniales de cada cargo público, las variaciones producidas durante el
período del ejercicio del cargo, con una declaración final con ocasión del cese
y al terminar el mandato. La Ley de Suelo debe clarificar y armonizar las
competencias, reducir plazos, simplificar las normas y los procedimientos
urbanísticos y hacerlos más transparentes y accesibles, evitando toda
discrecionalidad. Fijación de precios máximos de venta del suelo.
·
Creación de un Cuerpo de
Inspectores, ajenos a los Ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los
planeamientos urbanísticos. Incremento de la fiscalidad de las plusvalías
obtenidas. Medidas de sujeción de las plusvalías de urbanismo al interés
general, de tal modo que los beneficios derivados de las recalificaciones de
suelo y del aumento de la edificabilidad reviertan en beneficio de la sociedad.
·
Establecer, por plazo de
cinco años, un registro público de actividades profesionales de miembros del Gobierno,
altos cargos, así como gestores públicos que cesen en el desempeño de sus
funciones.
·
Regulación de criterios de
transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre
designación. Prohibición de percibir obsequios o invitaciones por parte de
contratistas de la institución.
·
Apostamos
por una función pública profesionalizada,
por lo cual se deberán limitar los puestos de libre designación a los
estrictamente necesarios, se favorecerá una carrera profesional basada en los
principios del mérito y capacidad, generalizándose el sistema de concurso como
instrumento de provisión de puestos.
4.
TRASPARENCIA
En una verdadera democracia sólo
es posible una auténtica participación por parte de la ciudadanía si ésta puede
acceder en igualdad de condiciones a todo tipo de información que se encuentre
en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad privada que
realice funciones públicas. La mejor herramienta para garantizar el pleno
reconocimiento y ejercicio de este derecho es la existencia de una ley
específica de acceso a la información.
La información de las instituciones públicas debe ser
accesible a los ciudadanos y, al mismo tiempo, las instituciones deben ser
proactivas en el ofrecimiento y puesta a disposición de esa información para
los ciudadanos.
El derecho de acceso a la información es un derecho
fundamental de toda persona, que debe
poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita
la información.
·
Las entidades públicas, a
iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y
esencial sin que sea necesario realizar una solicitud. Desde IUC-LV, Unidad del
Pueblo y Alter proponemos usar la página web institucional , la radio y televisión
pública así como las redes sociales para colgar y difundir esta información
evitando así el uso de la información institucional con fines partidistas tal y
como sucede hoy en día con el grupo de gobierno.
5.
UN
PUEBLO CON MEMORIA
Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus descendientes es
una necesidad democrática, porque la democracia no será plena en nuestro país
hasta que no se reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute el
homenaje que se merecen los hombres y mujeres que se enfrentaron a él. Por ello
proponemos:
·
Borrar de nuestras calles y
plazas cualquier referencia honrosa al pasado franquista que hemos padecido en
nuestro país.
·
Fomentar la divulgación de la
historia de la República desde la perspectiva de los logros sociales
conseguidos en la misma, voto femenino, alfabetización de la población rural,
construcción de escuelas, etc.
La
crisis económica la estamos pagando los trabajadores y las trabajadoras ¿Qué
medidas crees que son las más urgentes para salir de la crisis y crear empleo?
1.
AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA
Queremos saber a quiénes y a qué
empresas se ha beneficiado con dinero público, para poder ejercer un mejor
control sobre el gasto. Por eso proponemos una Auditoría ciudadana de la deuda en el municipio.
Es preciso desvelar las deudas
municipales por prestación de servicios que no son de su competencia pero que
tienen una financiación de otras Administraciones insuficiente y tardía.
En todo caso, se prestará una
especial atención a los sobreprecios sobre el inicialmente pactado y sobre la
actividad de las empresas públicas dependientes de Ayuntamientos, Cabildo,
Consorcios Locales y CC.AA.
2.
REFORMA FISCAL
Queremos que paguen más los que tienen y ganan más. Ningún privilegio fiscal
en el IBI o en otros impuestos, tasas y precios públicos para la Iglesia Católica
o cualquier otra confesión religiosa.
El principio de progresividad
fiscal y persecución del fraude debe llevarse también a las Haciendas Locales.
No solamente los impuestos y sus recargos, sino también las tasas y precios
públicos deben recoger principios de equidad, suficiencia y progresividad para
lograr una fiscalidad justa. Esto es especialmente importante en el IBI y en el
IAE.
Desarrollar una fiscalidad
especial hacia actividades sustitutorias del empleo, a través de ordenanzas
municipales, etc. Por ejemplo, la tasa sobre cajeros automáticos (vigente en
algunos sitios), tasa sobre gasolineras de autoservicios, etc. Desarrollar a
través de las ordenanzas una fiscalidad verde (ver apartado medio ambiente).
No se trata de más o menos impuestos, sino de justicia fiscal.
3.
FRAUDE FISCAL
La persecución de la economía
sumergida tiene mucho que ver con las ordenanzas municipales y su control.
Tomaremos las medidas necesarias en estos niveles de la Administración para
reducir en los próximos 4 años la economía sumergida al nivel medio de la UE.
4.
CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO
Queremos planificar una economía que supere el modelo perverso que ha agravado
la crisis en nuestro país.
Apoyaremos a la pequeña empresa
y a la economía social y cooperativa en
una economía que no se base en el sector servicios o el turismo de bajos
salarios.
Necesitamos un cambio de modelo productivo, con
inversión y empresas públicas, que prioricen los sectores básicos
(construcción, automoción, turismo y química verde), los emergentes
(agricultura ecológica, servicios sanitarios y sociales) y los sectores de
futuro en el municipio (energías renovables y biocombustibles).
Proponemos la reconversión
ecológica y social de la construcción y el turismo.
Desarrollaremos programas de
apoyo a la pequeña y mediana empresa y los autónomos, de impulso del turismo de
calidad, consolidación del pequeño comercio, las cooperativas y la economía
social.
Estableceremos mecanismos para
que en las licitaciones públicas existan criterios
de discriminación positiva para las pequeñas empresas y para que los
pliegos de condiciones den ventaja a las empresas que propongan criterios
ecológicos o de cantidad y calidad del empleo involucrado en cada contrato.
5.
REMUNICIPALIZAR SERVICIOS
Defendemos el papel de lo
público en la economía, por lo que proponemos re-municipalizar servicios privatizados y la creación de Consorcios
públicos en sectores estratégicos. Desde IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter proponemos la recuperación
del servicio de abastecimiento de agua actualmente en manos privadas en
Ingenio.
También introduciremos mecanismos de colaboración público-social
(con cooperativas y empresas de la economía social) para la gestión de
determinadas actividades y servicios, que no sustituyan a los servicios básicos
de propiedad y gestión pública.
6.
CREAR EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD
Desde el Ayuntamiento de Ingenio
apoyaremos la creación de empleo digno y
de calidad y a la contratación
laboral. Lo anteriormente reseñado será de aplicación si participamos en el
grupo de Gobierno en el ámbito de las competencias propias.
Esta es una cuestión central
para la próxima legislatura. Consideramos necesario introducir la planificación
local, acompañada de la correspondiente financiación y con la participación de
los sindicatos para adoptar las medidas necesarias tendentes a definir una
Estrategia por el Empleo. Partes importantes de esta Estrategia serán:
·
Un Plan
Multisectorial por el Empleo que contemple todas las iniciativas que tengan por
objetivo la creación de empleo.
·
Introducir
la perspectiva de empleo en toda la ordenación territorial y urbanística y en
los procedimientos de contratación pública.
·
Diseñar y
aplicar las medidas de colaboración con otras administraciones para un Plan
Urgente Empleo/Formación para parados de larga duración.
·
Poner en
marcha una política especial de empleo juvenil y de igualdad en el empleo.
·
Crear un
observatorio por el empleo con participación ciudadana, sindical y social para
seguir la evolución del empleo y proponer las medidas adecuadas.
·
Desarrollar
e implantar un sistema de Trabajo Social Garantizado
Nos oponemos a los salarios bajos, la precariedad y la
desregulación de las relaciones laborales. Necesitamos cambiar
el modelo de relaciones laborales. Consideramos el pleno empleo, digno y de
calidad como eje determinante del nuevo modelo productivo, con políticas de
reparto del trabajo y producción sostenible: jornada de 35 horas, recuperar la
jubilación a los 65 años y trabajar para su ampliación progresiva hasta los 60,
limitación de horas extra, salario mínimo de 1100 euros y establecer un salario
máximo. Y ante todo, recuperar la primacía de la negociación colectiva.
7.
POLÍTICA DE GASTO AUSTERA Y RACIONAL
Defendamos una política de gasto austera y racional, pero que priorice los servicios públicos y
la inversión para crear empleo. Por ello, proponemos eliminar la
modificación del art. 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda
al gasto público y nos oponemos al límite del 3% de déficit.
En todos los proyectos de obras
y servicios será preceptivo un informe previo de impacto social y sobre el
empleo.
Los
SERVICIOS PÚBLICOS garantizan derechos: a la educación, a la sanidad, a la
justicia… ¿Qué medidas crees que habría que tomar para garantizar unos
servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad para toda la
ciudadanía?
·
Defendemos la escuela pública como garante del derecho universal a la
educación en condiciones de igualdad. Nos oponemos a la financiación con dinero
público de la enseñanza privada.
·
Entendemos
que la salud es un derecho y no una
mercancía, por lo que defendemos un sistema sanitario público y universal.
Nos oponemos a la privatización de la salud y defendemos un sistema sanitario
público, universal, integral, solidario y de calidad. Proponemos y defenderemos
la ampliación del horario de urgencias en el ambulatorio de Carrizal así como
el aumento de medios y recursos tanto materiales como humanos en ambos
ambulatorios del municipio.
·
Queremos
unos Servicios Sociales públicos que
garanticen la protección social, suspendiendo los procesos de
privatización.
·
Consideramos la vivienda como un derecho y proponemos que las administraciones
ofrezcan parques públicos de vivienda en alquiler y para compra a precios
asequibles. Exigimos la dación en pago y
el fin de los desahucios.
·
Queremos democratizar los medios de comunicación
a través de leyes que garanticen un reparto equitativo entre el servicio
público, las iniciativas sociales y los negocios privados. Defendemos la promoción y el acceso a la cultura
desde las administraciones públicas.
1.
EDUCACIÓN PÚBLICA DE TOD@S Y PARA TOD@S
IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter apuestan ante todo por la educación pública y
gratuita, como única garante del derecho universal a la educación en
condiciones de igualdad y democracia; y como base de la cohesión social y de la
formación de personas más iguales, más libres y más críticas.
Para ello proponemos los
siguientes ejes y líneas de actuación como marco común de las propuestas
programáticas concretas que se planteen en el ámbito municipal
1.1
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y SU FINANCIACIÓN
·
Ampliar la red de centros educativos, de
titularidad y gestión pública, para cubrir todas las necesidades de
escolarización en las
diferentes etapas y modalidades educativas, garantizando que el suelo público sea sólo para la escuela
pública. Se prestará atención especial a la educación temprana mediante la
creación de plazas públicas suficientes
de 0 a 3
años.
·
Gratuidad total de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la
Universidad, dotándola de recursos suficientes, incluyendo materiales
didácticos, libros, servicio de comedor y de transporte escolar, así como becas
de residencia o becas-salario para el alumnado que lo necesite.
·
Incremento de la inversión pública educativa. Todos los recursos públicos se destinarán
exclusivamente a financiar los centros de titularidad pública.
1.2 CALIDAD CON EQUIDAD
·
Queremos mayores recursos a zonas y centros con más
alumnado en desventaja social
·
Currículo laico, intercultural, inclusivo,
igualitario y ecológico, que
sea desarrollado por los centros escolares y la comunidad educativa en virtud
de su autonomía pedagógica. Cualquier religión,
incluidos sus actos o símbolos quedará fuera del ámbito escolar
·
La evaluación formativa de los aprendizajes, de la práctica docente, del
funcionamiento de los centros y del sistema educativo debe servir para la
mejora de la acción educativa en sus diferentes vertientes.
2.
LA SALUD ES UN DERECHO Y NO UNA MERCANCÍA
Defendemos un sistema
sanitario público y universal. Nos oponemos a la privatización de la salud y
defendemos un sistema sanitario público, universal, integral, solidario y de
calidad.
PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD
Los municipios como lugares de
convivencia y donde se desarrollan las actividades que condicionan nuestra vida
y nuestro estado de salud: económicas, sociales, culturales, educativas... son
lugares idóneos para desarrollar y poner en marcha actuaciones en las políticas
públicas para mejorar el nivel de salud y de vida en nuestras ciudadanas y ciudadanos:
·
Desarrollando
las competencias municipales en materia de sanidad, consumo y salud
medioambiental y demás cometidos que establece la ley General de sanidad para
los municipios.
·
Reivindicando
el papel de los ayuntamientos en materia de control de salud elemental, consumo
y demás cometidos que establece la ley General de sanidad.
·
Creación
de estructuras municipales integradas en la red sanitaria pública única para
desarrollar labores de inspección y control en las competencias municipales y
en particular:
- control de la calidad de las aguas de consumo
- vigilancia y control de aguas residuales
- control de la contaminación atmosférica
- vigilancia de nivel de ruidos y vibraciones
- control de la higiene en lugares públicos de
restauración, comercio minorista, mercados, escuelas, zonas de ocio y recreo
etcétera
- salubridad y habitabilidad de las viviendas y
centros públicos
- control higiénico de la distribución y
suministro de alimentos bebidas y otros artículos de consumo humano
- control de la eliminación de residuos urbanos
e industriales
- control sanitario de los cementerios
- desarrollo de actividades y programas de
promoción de la salud: hábitos saludables en materia de alimentación, educación
sexual, actividad física beneficiosa para la salud, prevención de infecciones
permiso sexual
3.
SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS QUE GARANTICEN LA
PROTECCIÓN SOCIAL
·
Aprobación de una Nueva Ley Ciudadana de Servicios Sociales en las comunidades autónomas:
que garantice derechos subjetivos de ciudadanía y facilite actualizar y
modernizar los Servicios Sociales, abiertos a la participación ciudadana. Una Ley que priorice la gestión pública sobre la privada,
el interés público sobre el beneficio privado, una ley que defienda y practique
derechos frente a una “caridad” insuficiente y denigrante de la
dignidad de las personas.
·
Catálogo de Prestaciones: En
consenso con la comunidad científica, profesional y los agentes sociales, se
aprobará un catálogo de prestaciones que deben de ser garantizadas como
derechos subjetivos, tanto en los Servicios Sociales de Atención Primaria como
Especializados. Dicho catálogo responderá a los tres ejes básicos: inclusión de
las personas, familias, colectivos y comunidades en riesgo o en situación de
exclusión social; prevención y atención a las personas en situación de
dependencia; protección a la infancia.
·
Servicios Sociales Municipales fuertes.
Modificación de las Leyes de Adaptación a la Comunidad Autónoma
de la LRSAL (Ley de Racionalidad y Adaptación de la Autonomía Local): Estas
Leyes reducen los Servicios Sociales Municipales a un papel restringido y
asistencialista, lejos de las funciones de promoción social y protección de las
personas más vulnerables. Pretendemos atender las
necesidades sociales de la ciudadanía desde la administración más próxima y que
mejor conoce la realidad de cada territorio.
·
Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente Público: Desarrollo y reorganización de los
Servicios Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un destacado papel, tanto
en la planificación, gestión y evaluación de los servicios.
·
Nuevos modelos de gestión e intervención:
No
son neutros y tienen distintas consecuencias según los que se adopten. En
Atención Primaria, la gestión tiene una fuerte carga burocrática y responde a
un asistencialismo que genera cronicidad, desempoderamiento de los ciudadanos y
malestar entre los profesionales. Por ello se propone:
a) Implantar
la gestión telemática
b) Aumentar
las plantillas de Atención Primaria
c) Que
las intervenciones profesionales respondan a los siguientes principios:
-
Centrarse en las potencialidades de
individuos, grupos y comunidades (en vez de en sus déficit o carencias).
-
Priorizar estrategias preventivas y de
promoción social mediante intervenciones grupales y comunitarias.
-
Gestión de la Diversidad: apoyo a los
colectivos que por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de
itinerarios de inclusión propios.
·
Coordinación de las Políticas Sociales: El
conjunto de las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a educación,
sanidad, vivienda y las políticas activas de empleo, contarán con mapas de
implantación; se establecerán tres ámbitos estables de coordinación:
Sociosanitaria (Dependencia); Socioeducativa y Judicial (Protección a la
infancia); Sociolaboral y Vivienda (Inclusión Social).
·
Memorias de impacto sobre género,
discapacidad e infancia: que culmine en impactos favorables en estos colectivos en las leyes y normas de la CCAA
3.1
POLÍTICAS DE
INFANCIA
·
Priorizar las políticas de infancia en la agenda
pública y política. Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos
de sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al niño a ser un
sujeto social pleno y no un mero objeto de protección, en consonancia con la
Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Es necesario el compromiso de
los agentes políticos y sociales para la mejora de la vida de los niños y las
niñas, la visibilización de sus necesidades, el reconocimiento y la garantía
del ejercicio de sus derechos, entre ellos el de participación en todas las
decisiones y ámbitos que les afectan. En consecuencia se propone la evaluación
del cumplimiento de la Ley de Garantías de la infancia y la adolescencia, o
similar, como marco para revisar la situación de la infancia en la Comunidad
autónoma y el cumplimiento de sus derechos. Para ello se aprobará un Plan
para la Promoción de los Derechos y del Bienestar de la Infancia y la
Adolescencia en la Comunidad correspondiente, que desarrolle los programas
intersectoriales que estimulen y regulen las garantías de calidad de los
servicios de atención a la infancia, la adolescencia y las familias. Se creará
el Consejo Intersectorial de la Infancia como órgano de representación
de la administración, de las entidades de la iniciativa social y de la propia
ciudadanía.
·
Impulso normativo y para la introducción del
enfoque de derechos en la atención a la infancia. El interés de la infancia
debe dejar de ser un concepto indeterminado para ser definido y concretar
mecanismos que permitan el control y la protección efectiva de los derechos: un
Consejo Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar y personal y la
propia imagen de los niños, niñas y adolescentes, la creación de una Carta
para la Protección del Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos
de Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar las
situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violencia de género y para la
detección y atención de situaciones de riesgo social se propone la Creación de Equipos
de Mediación, especializados en la resolución de Conflictos en los
distintos ámbitos donde se desarrolla la vida
social de la infancia.
·
Observatorio de los derechos de la infancia y
adolescencia en cada comunidad autónoma.: recopilar y disponer de
información sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de las políticas
y programas que a su atención se destinan.
·
Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos
de protección de menores. Se ha producido un recorte en los recursos dedicados a
la protección de los menores en situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario
regular el funcionamiento de la Comisión de Tutela del Menor, dar prioridad
al acogimiento familiar sobre el residencial y regular el Acogimiento
Familiar en cada comunidad autónoma contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo
del acogimiento familiar profesionalizado, así como un programa de
acompañamiento y apoyo al acogimiento familiar extensa, revisar el
funcionamiento de los centros residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo
normativo que regule el Acogimiento Residencial en la comunidad autónoma,
que contemple los tipos de centros en función de las necesidades de los
menores.
·
Promoción de la parentalidad positiva y la
conciliación. Proponemos trabajar con las familias con una finalidad
educativa y comunitaria que facilite la prevención de conflictos. Es necesario
actuar sobre la solidaridad intergeneracional, la seguridad económica, la
salud, la educación, el acceso a la vivienda, la situación de las familias
monoparentales o la gestión de los conflictos familiares.
·
Impulso de foros, consejos y otros espacios de
participación infantil.
·
Diseño de una ley integral de violencia contra la
infancia, contra el maltrato, el abuso, la explotación sexual y toda forma de
violencia contra la infancia, el ciberacoso o (grooming).
·
Plan especial urgente para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil.
·
Creación de una oficina de defensor del menor que
asuma las funciones de proteger y promover los derechos de la infancia.
3.2 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA
Los gobiernos del PP en las comunidades autónomas nunca han tenido
interés en aplicar la Ley de Atención a la Dependencia, con la que desde el
primer momento no se sintió identificado. Hay notables déficits de
servicios sociales en la mayor parte de las CCAA. A esto hay que sumar los
perjuicios sufridos por las familias cuidadoras, como consecuencia de los
recortes generales que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención
a la Dependencia desde el año 2012.
Esta situación no puede continuar. Las personas en situación de
dependencia y sus familias no pueden seguir soportando esa mala gestión y esas
carencias de cobertura. La atención a las personas en situación de
dependencia es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramitación,
como en la ampliación de la cobertura y en la calidad y adecuación de las
prestaciones y servicios reconocidos.
IU se compromete a dejar sin efecto los recortes en las prestaciones
económicas y en la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del
PP. Nuestros compromisos se concretan en las siguientes medidas:
·
En los tres primeros meses de la legislatura, los
gobiernos autonómicos en colaboración con las Corporaciones Locales, diseñarán
y pondrán en marcha un programa de amplia difusión del derecho a la atención
a la dependencia.
·
Antes del 31 de diciembre del 2015 se habrá
resuelto la lista de espera de las solicitudes. A partir del 1 de
septiembre del 2015 el plazo máximo de tramitación de las solicitudes
(desde la presentación de la solicitud a la emisión del dictamen) será de tres
meses.
·
En el cuarto trimestre del año 2015 la Consejería
responsable, revisará los criterios de aplicación del Baremo de Valoración,
estableciendo un protocolo de actuación, para una aplicación adecuada y no
restrictiva del mismo.
·
En los presupuestos para el año 2016 la Ayuda a
Domicilio tendrá una financiación suficiente para cumplir el número de
horas de atención mensual establecido inicialmente por la Ley de
Atención a la dependencia en función del grado reconocido.
·
En los presupuestos para el año 2016 se
incrementará la financiación del número de plazas residenciales y centros
de día. Se establecerá una partida específica para el pago de las cuotas
del convenio especial de las personas cuidadoras no profesionales,
·
A partir del 1 de enero del 2016 la cuantía de las
prestaciones económicas para cuidadores familiares será la vigente hasta la
entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 y serán actualizadas
anualmente en relación al IPC.
·
A partir del 1 de enero del 2016 se incrementará
la cuantía de la prestación de asistente personal, fijándose en el 150%
del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento para el Grado III y
en el 100% del SMI para el grado II.
3.4 POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD
Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad elaborados por los
Gobierno del PP han supuesto un freno para el bienestar del colectivo. IU se
compromete a luchar por un cambio real y se centrará, como áreas más
relevantes, en: Atención Temprana, Autonomía Personal, Empleo, Educación,
Accesibilidad Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios Sociales.
IU planteará la creación de un área autonómica que revise y vele por el
actual marco jurídico y el control de la aplicación de la Convención de la ONU
sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en
los sucesivos que se adopten, así como por el establecimiento de un marco
normativo de cada Comunidad que desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que
aprueba la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Inclusión Social en nuestro país.
Todas las organizaciones representativas del colectivo de Personas con
Discapacidad en la Comunidad Autónoma serán llamadas a trabajar conjuntamente
con el Gobierno y la asamblea parlamentaria correspondiente en la elaboración
del nuevo Plan de Acción para Personas con Discapacidad, pero también
realizarán un seguimiento exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un Plan que afronte seriamente
la actual crisis económica y que vele por la seguridad del bienestar social del
colectivo. Como prioridad programática se impulsará la elaboración del nuevo
Plan.
Es muy importante potenciar la autonomía personal para mejorar la
participación de las Personas con Discapacidad en la sociedad y trasladar a las
familias la máxima tranquilidad en su situación.
3.5 INCLUSIÓN SOCIAL
Aprobación de la Ley de
Derechos Vitales Básicos, un escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta tiene como finalidad
dar respuesta a las necesidades básicas de una gran parte de las personas que,
con independencia de su situación social, ven como la falta de trabajo o de
vivienda les aboca a una exclusión económica que los conducen a la
marginalidad.
Una ley que pretende
asegurar que todas las personas que residan en la Comunidad Autónoma tengan
cubiertas sus necesidades básicas en los aspectos esenciales para una vida
digna: alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros principales,
dirigida a personas sin ingresos estables que se encuentren en situación de
riesgo de pobreza económica y/ o exclusión social, con un conjunto de medidas
de rescate social que se consideran imprescindibles.
Los principales aspectos
que contempla la propuesta de Ley serían los siguientes;
·
El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención
Primaria.
·
La disponibilidad de suministros mínimos básicos de
agua y energía. La
electricidad, el agua y el gas son un servicio público básico y solo el control
público permite garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la
progresividad de las tarifas.
La crisis económica unida al encarecimiento de
los precios en los suministros agrava la dificultad de afrontar la factura
energética de las clases sociales más vulnerables. En este sentido observamos
que mientras Ayuntamientos y entidades sociales han tenido que incrementar las
partidas de ayudas destinadas a urgencia social y concretamente las referidas
al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministros continúan
obteniendo beneficios millonarios y ordenando el corte de suministros por
deudas irrisorias.
Urge entonces una modificación en la regulación
del sistema de suministros básicos del hogar, para poder incluir un mecanismo
donde prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente, garantizando las
tarifas que no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y
elementos de fiscalidad energética favorable para las familias con bajos
ingresos económicos.
Por este motivo los Gobiernos autonómicos
acordarán con las empresas suministradoras el establecimiento de un precio
social en los suministros básicos de los hogares con poder adquisitivo reducido
y, en particular para las familias en riesgo de exclusión social además de
establecer criterios claros, transparentes y homogéneos para su concesión
basados en la renta familiar.
Este “precio social” no implicará un gasto
presupuestario extraordinario para las Administraciones Públicas competentes y
tampoco podrá repercutir sobre el resto de los usuarios, por lo que irá a cargo
de las compañías suministradoras de energía.
·
Creación del Abono Trasporte Social: para todas aquellas
personas que se encuentren en situación de pobreza y/o exclusión social. que
residan en la Comunidad Autónoma.
4. LA VIVIENDA ES UN DERECHO
El estallido de la burbuja
inmobiliaria y financiera de 2008 continúa generando en los pueblos del sur de
Europa, consecuencias atroces para las personas y el territorio. La estafa
hipotecaria producida por decenios de políticas neoliberales en España y
Europa, está generando una vulneración sistemática de derechos Fundamentales,
con su cara más dramática en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento
de las familias.
Estos años han demostrado que dejar
el derecho a la vivienda al arbitrio del mercado destruye este derecho y,
además, no supone una actividad económica sostenible ni generadora de empleo
estable, sino un negocio depredador, especulativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta ahora,
se han producido más de medio millón de desahucios hipotecarios en España, sin
contar los desahucios por alquiler.
MUNICIPALES
·
Elaboración de Planes municipales de viviendas, que
recojan el diagnóstico del estado de la vivienda en los municipios, de las
viviendas deshabitadas, las que necesitan ser rehabilitadas, las
infraviviendas, la demanda municipal de vivienda, el estado de las viviendas
sociales…
·
Aplicación superior del IBI a las viviendas
deshabitadas en manos de entidades financieras y exoneración a las viviendas
sociales.
5.3 JUSTICIA RESTAURATIVA MUNICIPAL
Las más avanzadas políticas en materia de Justicia contemplan modelos
denominados de “justicia restaurativa” complementarios o sustitutivos de los modelos
habituales de “justicia retributiva”. La justicia
Restaurativa es aquella que procura restaurar el daño causado mediante una
imposición de sanción al infractor que repercute directa y positivamente bien
en la victima o bien en la sociedad en su conjunto a través de colectivos de
víctimas. Sanciones que sustituyen la prisión o la multa económica
-incobrable en la mayoría de los casos debido a la insolvencia del penado- por
la obligación de desarrollar trabajos comunitarios de índole social o por la
obligación de atender a las víctimas de delitos similares que han resultado seriamente
dañadas y afectadas a consecuencia de los mismos. Ejemplo de ello sería la
obligación de trabajar en centros de recuperación de drogodependientes impuesta
al pequeño traficante de drogas o la obligación de atender a personas
discapacitadas a consecuencia de accidentes de tráfico impuesta al responsable
de delitos contra la seguridad vial. Estos mecanismos de justicia restaurativa
fijan su objetivo en la reparación o restauración del daño causado a la víctima
y a la sociedad, así como en la re educación social del infractor, alejándose
de un modelo de castigo abstracto que no produce ningún resultado positivo para
la sociedad ni resocializa la conducta infractora del castigado. A su vez,
permiten reducir el número de población carcelaria por delitos menos graves -a
la vez que reduce el gasto público en prisiones- y procuran una reparación
efectiva a la víctima del delito, victima que en la mayoría de los casos no
encuentra ni reparación ni satisfacción por el mero hecho de que el infractor
ingrese en un establecimiento penitenciario. De igual manera, la justicia
restaurativa produce beneficio social y económico a la colectividad, que
obtiene el fruto de un trabajo concreto impuesto al infractor y en la mayoría
de los casos consigue evitar la reincidencia.
El Ayuntamiento deben jugar un
papel esencial en la puesta en marcha de mecanismos de justicia restaurativa al
servicio de la reparación efectiva de los colectivos de víctimas, mecanismos
que hoy día son posibles imponer como penas en la jurisdicción especial de
menores y en algunos casos a infractores mayores de edad penal conforme a
determinadas sanciones contempladas en
el código penal bajo la denominación de “trabajo en beneficio de la comunidad”.
·
El
ayuntamiento pondrá en marcha programas efectivos de Justicia Restaurativa para la reparación efectiva de las víctimas
de delitos, programas coordinados con los departamentos de justicia de la
administración central y autonómica. Especial atención y prioridad tendrán en
estos programas la reparación efectiva de las víctimas de faltas y delitos
cometidos por menores infractores, de los delitos y faltas contra la seguridad
vial, contra la salud pública -drogas- cometidos en el ámbito familiar o
delitos y faltas cometidos por personas en situación o riesgo de exclusión
social.
5.
UNA CULTURA POPULAR
La Administración
debe defender el principio de libertad del creador en la cultura,
incorporándose así al momento actual en el que la construcción de la
ciudadanía, sea apoyada por instrumentos
de participación que dote de apoyos y recursos individuales y colectivos.
Se debe impulsar la actividad
artística, intelectual y creativa realizada con total libertad, para que los
creadores puedan ejercer. El avance tecnológico, la
propiedad intelectual en manos de grandes poderes mediáticos, los medios
audiovisuales y las redes sociales ha introducido una velocidad de vértigo a
los cambios…las sinergias de sectores y la mercantilización ha venido a restar
a los agentes públicos, sobre todo en los ayuntamientos, la capacidad de
intervención en las políticas culturales.
Entendemos el municipio como:
·
espacio de socialización y de prestigio de lo colectivo, educando
a la ciudadanía en un ocio crítico y creativo frente al patrón consumista e
individualista.
·
elemento de búsqueda y reafirmación de las raíces de identidad de
nuestros pueblos y ciudades en momentos de aculturación global.
·
garantía de la protección, divulgación y disfrute colectivo de
nuestro patrimonio histórico, artístico e intangible.
PLANES
ESTRATEGICOS DE CULTURA
- Recursos básicos, (centros culturales
/bibliotecas etc.).Ampliación de horarios de apertura.
- Que ponga en marcha Asistencias
técnicas a emprendedores culturales
- Que ponga en marcha Reglamentos y cartas de
servicios...recuperando buenas prácticas de funcionamiento y calidad de la
administración
- Que defina los usos de los centros y
equipamientos culturales.
- Que conozca la actividad del pueblo y su
diversificación y sea público el diagnóstico y realidad de la situación de la
cultura en los municipios.
- Que ponga en marcha planes territoriales de
acceso a la cultura para todos
- Que introduzca políticas de transparencia
- Defina órganos de participación y escucha
- Que Impulse agendas culturales
plurales e incluyentes como elemento de vertebración territorial y cohesión
social.
- Puesta en marcha de espacios de participación
y coordinación con las instituciones privadas que actúen en el territorio en actividad
de la industria cultural.
Entendemos que los bienes comunes
(agua, energía, suelo…) no pueden ser mercancías.
1. INGENIO SOSTENIBLE
La planificación urbana
que propone IUC-LV,
Unidad del Pueblo y Alter corresponde a una sociedad de empleos estructurales
de larga duración ligados a un modelo de producción y consumo ecológicamente
sostenible, que garantice las necesidades básicas de todos los seres humanos,
sabiendo que éstas son la salud (estado de completo bienestar físico, mental y
social) y la autonomía (la no dependencia de las demás personas), con el
objetivo universal de participar satisfactoriamente en la vida social, sin
peligro o riesgo para la integridad personal. Y sabiendo que para lograr cubrir
esas necesidades es imprescindible:
·
Acceso a los bienes y
servicios, en
cantidad y calidad suficiente, necesarios para garantizar la satisfacción de
los derechos fundamentales así como los derechos de ciudadanía, sociales y
culturales.
·
Promoción de la “vivienda
social” frente
a la “vivienda libre”, incluyendo ambas en la planificación urbana de los
barrios, evitando así generar guetos de casas baratas y zonas de exclusión
social. Promoción de la vivienda de alquiler frente a la vivienda
en propiedad, liberando a las personas del endeudamiento inmobiliario
de por vida.
·
Impulsión del planeamiento
urbanístico como función pública al servicio de los derechos de la ciudadanía
asegurando la debida protección al suelo no urbanizable en aras a garantizar un
medio ambiente natural para disfrute de todas las personas.
Es absolutamente
necesario vincular paisaje y territorio.
Reivindicamos la planificación desde el conocimiento del paisaje como elemento
configurador de las dinámicas territoriales.
1.1 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Mientras otros derechos
sociales, como el acceso a la educación o a la sanidad, están razonablemente
cubiertos, el derecho a la vivienda no puede ser ejercido por una parte
importante de la población.
En este contexto y
pensando especialmente en la juventud, un camino abordable es el alquiler
social.
La falta de previsión y
compromiso de algunas administraciones públicas han tolerado la especulación
(cuando no la han fomentado mediante subastas de suelo público) y han
debilitado la promoción de vivienda protegida.
Las políticas sobre
vivienda de IUC-LV,
Unidad del Pueblo y Alter tienen en cuenta el gran número de viviendas vacías
existentes en Ingenio e incentivarán su alquiler penalizando a la propiedad en
caso de que se mantengan vacías.
Rehabilitación de viviendas
La rehabilitación de viviendas debe efectuarse con
criterios de eficiencia energética y tener como objetivos:
•
Disminuir las emisiones de CO2 y otros gases con
efecto invernadero del sector.
•
Reducir la factura energética de los hogares y
empresas.
•
Crear puestos de trabajo, absorbiendo parte del
desempleo del sector.
•
Mejorar las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y de salud en los centros de trabajo.
Dicha rehabilitación debe
dirigirse a todo tipo de edificios, tanto de viviendas como de tipo industrial
o de servicios.
1.2 TRANSPORTE
IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter propone impulsar el transporte sostenible, comenzando por
reducir la necesidad de transporte y basando los servicios e infraestructuras en
el criterio de que la función del transporte es crear accesibilidad a los
bienes, servicios y contactos con las demás personas provocando la mínima
movilidad, independientemente del lugar donde se viva, de la capacidad
adquisitiva que se tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema de transporte
multimodal de carácter universal y público.
A pie, en bicicleta, como modos y medios
fundamentales, y automóvil, moto, camión, guagua, avión, y medios
complementarios. Y con
la consideración de integral señalamos que el sistema de transporte ha de
coordinar todos los modos y medios de forma que los complementarios sirvan para
reforzar la actividad de los fundamentales, y que las tarifas y los horarios
generen coherencia, disponibilidad, fiabilidad y calidad de transporte.
2. TURISMO SOSTENIBLE
Los Gobiernos Municipales
deben buscar la reducción de los
impactos ambientales del turismo, asegurarse una amplia diversidad de formas turísticas
e integrar más armónicamente las necesidades del turista y las de la población
local. Para ello mantendrán equilibrado el territorio municipal e
incrementarán la integración del turista con las características sociales y
culturales locales.
El turismo sostenible
necesita contemplar las condiciones actuales y las perspectivas futuras para
definir una estrategia de sostenibilidad viable en los social, ambiental y
económico. La oferta turística debe
integrar todos los recursos locales, ecológicos, culturales, monumentales,
artísticos, gastronómicos, folklóricos, etc.,
3. AGUA
Para IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter el agua es un recurso natural
y un bien universal por lo que el acceso a ella ha de ser
garantizado como un derecho humano. Defendemos y proponemos una política de
uso social, racional y sostenible del agua, primando la eficiencia, el ahorro,
la reutilización y la depuración integral.
Nos oponemos a la privatización de cualquiera de las
fases del ciclo integral del agua y defendemos una política de tasas y cánones
claramente progresiva.
Los servicios de agua tienen que
ser siempre 100% públicos, por lo que se rechaza el acceso de
empresas privadas a su accionariado en cualquier proporción.
Uno de los principios básicos es el de la solidaridad y
garantía de acceso a este bien considerado un derecho. De esta forma se
establece que se asegurará una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por
persona y día), incluso en caso de impago.
Los municipios deben preservar
la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el
servicio y prevenir la contaminación. Las tarifas debe reflejar el coste
real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse
solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios.
Fomentaremos nuevos mecanismos
para asegurar el “control social” del recurso, con transparencia y
“participación ciudadana efectiva”.
4. ENERGIA
El modelo energético de IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter es de generación y
consumo en cada municipio o comarca, generación y consumo disperso en el
territorio frente al modelo concentrado habitual.
Consideramos que debe ponerse en pie una política
energética basada en la consideración de la energía como un bien público
universal y no como una mercancía:
·
Promovemos la generación pública de electricidad por
parte de los municipios desde fuentes renovables de energía.
·
Fomentamos la producción de energías limpias,
destacando la fotovoltaica, la solar térmica y la minieólica, y la aplicación
de tarifas progresivas.
Los gobiernos municipales pueden alcanzar en breve
plazo el 20 por ciento de ahorro en el consumo y el 20 por ciento de aportación
de energías renovables. Han de reducir la demanda de energía disminuyendo el
consumo energético en las actividades que las administraciones locales
desarrollan, como consecuencia de la prestación de los servicios municipales,
junto a la modernización y prolongación de la vida útil de los equipos e
instalaciones municipales relacionadas con la prestación de tales servicios. A
lo que se debe añadir la participación pública y el control público de las
fuentes de energía y fomento de la implantación y el uso de energías renovables
El modelo que defendemos
es el de la producción para autoconsumo, la fotovoltaica en techo, que sumado
al concepto de casa pasiva haría que la vivienda fuese autosuficiente.
5. RESIDUOS
En la gestión de los
residuos lo primero de todo es reducir
su cantidad, en segundo lugar proceder a la reutilización de la mayor parte de
los generados y en tercer lugar proceder al reciclado del resto. Los
vertederos son síntoma de mala gestión de los materiales utilizados como
materias primas en los procesos y mala gestión de los residuos.
IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter estima preciso reducir
la generación de residuos y optimizar los flujos de materiales en la producción
de bienes y servicios, impulsando el cumplimiento de los planes de residuos,
priorizando los programas de concienciación social y los modelos de consumo
sostenible. Defendemos la gestión
pública de los residuos tratándolos como materiales recuperables y
reutilizables. Nos oponemos a la incineración de residuos, tanto si se recubre
de eliminación como si lo hace de “valorización”.
6. ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD
IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter propone que en los
municipios se haga todo lo posible por paralizar
la deforestación ligada al urbanismo además de erradicar la explotación
forestal de carácter insostenible.
También es necesario
cuidar el tipo de poda que se efectúa en los árboles ornamentales dedicados a
proporcionarnos sombra en las calles y plazas, utilizando técnicas que
favorezcan el crecimiento armonioso y natural de cada especie.
7. CONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA
Aplicando el principio de
precaución en el terreno de la contaminación electromagnética abogamos por que
se compartan las infraestructuras de emisión, repetición y recepción
armonizando normas en toda la UE para evitar los posibles efectos indeseados en
la salud.
Es importante que se
realicen estudios técnicos con el fin de ordenar, ubicar (con criterios
técnicos y urbanísticos) y racionalizar la implantación de estas
infraestructuras, así como asegurar un elevado nivel de protección para la
salud de los vecinos y vecinas, implicando al colectivo médico/sanitario,
principalmente de atención primaria
8. DERECHOS DE LOS
ANIMALES
IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter afronta la preocupación
de miles de personas por el bienestar de los animales, garantizando la puesta
en marcha de algunos objetivos y propuestas para promover el respeto y la
protección animal, apostando por la elaboración de normativas que recojan los
principios de respeto y su defensa.
9. AGRICULTURA ECOLÓGICA
Desde los municipios, IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter, impulsa la agricultura
y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explotación familiar y por
medio del compendio de técnicas agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es
la obtención de alimentos con todas las propiedades naturales.
Para ello se desarrolla
el uso óptimo del entorno físico, la preservación del medio ambiente y el
mantenimiento o incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos,
etc.
Con la agricultura
ecológica IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter potencia la recuperación de los espacios
agrícolas tradicionales y reconoce el aporte medioambiental y de preservación
del medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo exige en el
terreno de la agroalimentación el doble etiquetado con precio en origen y
precio de venta al consumo.
Un factor clave en la
agricultura y ganadería ecológicas, es el desarrollo de agriculturas locales,
orientadas a circuitos cortos de comercialización, prestando especial atención
a las bases productivas de cada territorio, puesto que producir y distribuir
las mercancías alimentarias sirviéndose de la producción agroindustrial a
gran escala y con destino al mercado internacional, incrementa la especulación
en los precios de los alimentos y la concentración de tierras, recursos
agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, mientras empobrece a los pequeños
productores y condena a la desnutrición y al hambre a nuestros-as vecinos-as.
Para IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter, los Gobiernos
Municipales deben desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explotación familiar
sostenible, mejorando la calidad de vida en el medio rural.
Tanto la agricultura como la ganadería deben tener
carácter multifuncional, protegiendo el material multiplicativo de las plantas,
garantizando el derecho de los agricultores a disponer de sus propias semillas,
aplicando programas de desarrollo de agricultura y ganadería orgánicas y
prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente en la producción de
alimentos.
Nuestro municipio reúne
buenas condiciones para el desarrollo de la agricultura ecológica por su
favorable climatología y los sistemas extensivos de producción que se
aplican en un gran número de cultivos.
En lo que respecta a la
producción animal, la conservación de un patrimonio genético importante de
razas autóctonas, de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio,
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo ello, sin olvidar la
tradición y el desarrollo alcanzado por la apicultura, cuyo manejo
cuidadoso ha dado lugar a la obtención de productos de gran calidad por la
abundancia y variedad.
En el campo pesquero es
necesario proteger los recursos y, al mismo tiempo, lograr que la pesca artesanal tenga porvenir. La
presencia de las formas artesanales de pesca asegura una parte importante del
desarrollo sostenible de las zonas litorales. Desde IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter rechazamos la pretensión de tratar de la misma
forma a la gran pesca industrial, principal responsable del agotamiento de los
recursos, que a la pesca artesanal que está especialmente interesada en el
éxito de las políticas de preservación.
IGUALDAD Y
DERECHOS LGTBI
PRINCIPIOS
RECTORES
·
Transversalidad de género (mainstreaming de género
o enfoque integrado de género)
Incorporación de la perspectiva de género y del
Principio de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el proceso de diseño,
elaboración e implementación de las Políticas Públicas, con el objetivo de
implicar y responsabilizar a todos los poderes públicos en la consecución de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
·
Coeducación de mujeres y
hombres en materia de Igualdad
Tanto hombres como mujeres se educan en sociedades determinadas. Es
una característica del ser humano interpretar la realidad que le rodea
partiendo de determinados preconceptos y valores inculcados por la cultura en
la que está inmerso. De lo expuesto anteriormente,
se deduce que la solución es la coeducación de hombres y mujeres en materia de
igualdad para que todos y todas podamos construir una sociedad más justa en
beneficio de la Humanidad.
·
Interseccionalidad de las
discriminaciones
Tener en cuenta, además del género, otras categorías
de discriminación a la hora de diseñar, elaborar e implementar las políticas
públicas. Estas categorías de discriminación aparecen juntas y se
interrelacionan. Se es mujer, pero también se es mujer migrante, mujer
discapacitada, mujer joven, mujer lesbiana, mujer mayor, etc. Todos estos
vectores de discriminación deben ser incluidos en el proceso de diseño de las
políticas públicas con el objeto de adaptar éstas a la situación real de las
personas.
IGUALDAD
1.
Propuestas
institucionales y participación política-social
·
Asignación del 5% del total del Presupuesto
municipal para políticas de igualdad, incorporado de manera gradual en los
cuatro años de gobierno
·
Creación de Consejos Locales de la Mujer. Se
trata de un instrumento para ahondar en la participación y corresponsabilidad
de las organizaciones –de mujeres, feministas y LGTBI- en la política
municipal, trasladando la perspectiva de género al conjunto de las actuaciones
públicas. Estos consejos serán autónomos, es decir, formados únicamente por las
organizaciones ya mencionadas. Sus informes serán preceptivos y, según los
temas de consulta, preceptivos y vinculantes.
·
Asignación de espacios a aquellas asociaciones
de mujeres, feministas y LGTBI que presenten proyectos
·
Medidas encaminadas a fomentar, incentivar y
facilitar la creación de organizaciones y asociaciones de mujeres, feministas y
LGTBI
·
Diseño, elaboración, implementación,
evaluación y continuidad de los Planes Municipales de Igualdad de Género. Estos
planes tienen que partir de una visión y actuación transversales en la que
todas las concejalías y distintas áreas del ayuntamiento deben implicarse, así
como otros agentes municipales que tendrán que establecerse en el estudio
diagnóstico previo, necesario para la elaboración de dichos planes.
·
Formación en igualdad y género al personal
técnico y funcionariado del ayuntamiento. Esto es necesario para poder aplicar
la transversalidad de género a la toma de decisiones y procesos de diseño de
políticas públicas de cualquier área y ámbito de actuación municipal.
·
Dentro
de nuestra apuesta por los Presupuestos Participativos, éstos deben ser
enfocados desde la perspectiva de género, es decir, el proceso de toma de
decisiones debe incorporar mecanismos que hagan posible la incorporación de la
perspectiva de género.
2.
Apuesta por lo público.
Acceso al empleo e igualdad en la promoción
Los Servicios públicos de empleo priorizarán en sus
objetivos la superación de la segregación ocupacional y laboral
·
Regulación de formas paritarias de
contratación funcionarial y laboral, para aquellos cuerpos y puestos en que
exista escasa representación de las mujeres, arbitrando fórmulas porcentuales
obligatorias en el acceso.
·
Estudiar y potenciar fórmulas de creación de
empleo local adecuadas a mujeres desempleadas de dicho ámbito.
·
Inclusión de la perspectiva de género en los
contratos que se suscriban con personas y empresas, ajenas a la administración
municipal, así como en la planificación de programas públicos y en las
condiciones de subvención.
3.
Contra la violencia de género
y la exclusión social
·
Plan Integral Municipal contra la violencia de
género, en coordinación con otras administraciones. Este plan debe priorizar la
sensibilización, prevención y detección.
·
Desarrollo de programas específicos destinados
a la atención de mujeres en situación de marginación y exclusión social.
·
Visibilización y difusión de los Servicios
municipales encaminados a luchar contra la violencia de género y la exclusión
social
·
Actividades encaminadas a visibilizar y
difundir las leyes encaminadas a conseguir la igualdad efectiva: Ley para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género; en Canarias, Ley de Prevención y Protección
integral de las mujeres contra la violencia de género, etc. así como cualquier programa de actuación,
protocolo y otros tipos de proyectos encaminados a conseguir la igualdad
efectiva y real, tanto a nivel estatal como autonómico.
4.
Por la inclusión de la
perspectiva de género y la memoria histórica de las mujeres
·
Puesta en marcha de programas destinados a
potenciar actividades artísticas, culturales y de investigación de la memoria
histórica de las mujeres del municipio.
·
Dotar a la biblioteca municipal de fondos
bibliográficos sobre las temáticas de Teoría Feminista y de Género
(Historiografía Feminista, Tecnología, Ciencia y Género, etc.) y Políticas de
Igualdad (Guías sobre elaboración de
Planes de Igualdad, sobre el lenguaje inclusivo, sobre la participación
política-social de las mujeres a través del tejido asociativo, etc.)
DERECHOS LGTBI
1.
Participación
política-social
·
Promover la participación política-social de
las personas LGTBI, fomentando, incentivando y facilitando la creación de
organizaciones y asociaciones y colectivos LGTBI en el municipio.
2.
Ámbito educativo
·
Programas de formación específicos en
educación afectivo-sexual para la Comunidad Educativa, en los cuales se les
dote de herramientas pedagógicas para prevenir los casos de acoso LGTBIfóbicos.
·
Realizar estudios diagnósticos sobre la
situación de acoso y violencia para conocer la realidad de nuestros centros
educativos, clubes deportivos, y asociaciones y colectivos juveniles, y
atendiendo a los resultados de dichos diagnósticos, articular una serie de
medidas para atajar con las posibles situaciones de discriminación y
desigualdad.
3.
Visibilidad e igualdad de
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales
·
Promoción institucional desde el municipio de
las campañas de los distintos colectivos, así como diseño, elaboración e
impulso de campañas propias por los derechos y la diversidad LGTBI,
especialmente en fechas señaladas como el octubre trans, el 17 de mayo (día
contra la LGTBI fobia) y el 28 de junio (Día del Orgullo y la Liberación LGTBI)
·
Campañas de información que denuncien
comportamientos homofóbicos, bifóbicos y transfóbicos y promuevan
comportamientos y actitudes de respeto e igualdad
·
Dota a las bibliotecas municipales de fondos
bibliográficos relacionados con la homosexualidad, la bisexualidad, la
transexualidad y la intersexualidad, así como sobre educación afectivo-sexual,
siempre enfocados desde una perspectiva de análisis e investigación científica-social
y desde el respeto y la no discriminación.
4.
Lucha contra la LGTBI
fobia
·
Promover que la Concejalía de Igualdad luche
por la igualdad real del colectivo LGTBI del municipio y que impulse creación
de Consejos Locales de Igualdad en los que se integren las asociaciones,
organizaciones y colectivos LGTBI.
·
Promover la denuncia de acoso por parte de las
víctimas por orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
MIGRACIONES, XENOFOBIA Y RACISMO
IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter considera
que los ayuntamientos deben adoptar
políticas que apuesten por la integración, la igualdad de derechos y la
convivencia, y que deben hacer una apuesta decidida por una ciudadanía
incluyente, concebida con carácter transversal y sin diferenciación del resto
de la población.
I.- PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN
1. Elaboración
de Planes Locales para las Migraciones coordinados a nivel autonómico
2. Creación en
los ayuntamientos de oficinas o ventanillas
únicas de atención a las personas migrantes para informar y facilitar las
tramitaciones (renovaciones de residencia, reagrupación familiar, inscripción
en el censo electoral,…).
3. Campañas
permanentes para el empadronamiento, simplificando los trámites.
4. Fomentar la
participación de los inmigrantes en la vida municipal. Impulso o creación de
Foros Locales para la
Inmigración.
II.- EMPLEO
1. Se
fomentará la inscripción de los inmigrantes en las Oficinas de Empleo,
interpretando de la forma más amplia el marco legal general.
2. Inspección
que combata los abusos y la explotación laboral, facilitando a las víctimas el
acceso a los mecanismos de protección existentes.
4. Campañas
para fomentar la organización de los inmigrantes, en especial su incorporación
al sindicalismo, para combatir los abusos y situaciones de explotación.
III.- VIVIENDA
1. Programas
de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas privadas a personas a las que
les es imposible acceder a las mismas por su condición de inmigrantes.
2. Especial
atención a las características de la población inmigrante nómada, desarrollando
programas específicos de asentamiento y regularización.
IV.- SANIDAD
1. Asegurar la
cobertura sanitaria a la población inmigrante en igualdad de condiciones con
los demás ciudadanos-as
V.- EDUCACIÓN
1. Se
establecerán fórmulas de refuerzo educativo, orientadas a la incorporación
normalizada a los centros del alumnado migrante.
2. Dotación a
los Centros de Profesores y Recursos de materiales didácticos para trabajar
diferentes contenidos educativos desde la interculturalidad.
VI.- CULTURA
1. Creación de
espacios de encuentro intercultural o fortalecimiento de los ya existentes,
dando protagonismo al tejido social y a la ciudadanía.
2. Puesta en
marcha de procesos de desarrollo comunitario y convivencia intercultural en los
barrios más desfavorecidos y con mayores índices de población extranjera.
VII.- SERVICIOS SOCIALES
1. Se
garantizará el acceso a los servicios sociales públicos del conjunto de la
población inmigrante, sin discriminación alguna por su situación administrativa.
2. El
Ayuntamiento llevará a cabo programas de dinamización de los espacios públicos
para fomentar la integración intercultural.
VIII.- LUCHA
CONTRA EL RACISMO Y LA
XENOFOBIA
1. Se
establecerán programas municipales contra la xenofobia y el racismo.
2. Se
incluirán, dentro de los programas de formación de las policías locales,
módulos que ayuden a conocer la realidad de la inmigración.
3. Creación de
un departamento de seguimiento y lucha contra las infracciones motivadas por el
racismo y la xenofobia dentro de las policías locales.
IX.- POLÍTICAS
PARA LA EMIGRACIÓN
La
crisis económica no ha hecho sino aumentar el número de personas españolas que
salen de nuestras fronteras. Las consecuencias negativas de éste éxodo, son
indudables. Las instituciones públicas deben garantizar los siguientes derechos:
·
Reinstaurar el derecho a voto en las municipales, al
menos a aquellos residentes en el
exterior que formaran parte del censo local en el anterior proceso electoral.
·
Apertura de 'oficina de emigración' que asesore sobre las condiciones en los países de
destino, agilicen trámites, gestionen planes de asistencia familiar…
·
Elaboración de un programa de retorno que facilite el
regreso a aquellos que lo reclamen y en el que se contabilice la experiencia y
méritos adquiridos en la actividad laboral desarrollada en el extranjero.
·
Políticas
específicas de empleo para los retornados.
·
Ayudas
para el alquiler o adquisición de la primera vivienda de las y los retornados.
PAZ, SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN
Pertenecemos a
un mundo global y cada vez más desigual en el que la mayoría de la población
vive al borde de la miseria. Cualquier acontecimiento que ocurra en cualquier
rincón del Planeta nos afecta a nivel local, bien sea un conflicto bélico, un
desastre natural, un proceso de Paz o la miseria y destrucción de recursos
naturales.
El espacio
local no puede ser ajeno a lo que sucede en un planeta que afronta desafíos
globales urgentes como el insostenible aumento de la concentración de la
riqueza, el incremento creciente de las desigualdades, el progresivo
vaciamiento de la democracia, el cambio
climático o la sobreexplotación de los recursos naturales.
IUC-LV, Unidad del Pueblo y Alter es una organización
internacionalista donde la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz
son ejes fundamentales de nuestra presencia en las instituciones, desde una
perspectiva universal que implica una coherencia en la promoción de valores y
acciones tanto en nuestra localidad como en otros contextos.
En coherencia
con nuestro trabajo favoreceremos la Participación y el empoderamiento del
tejido social de cada territorio en la definición y el seguimiento de las
políticas de solidaridad, cooperación y Paz constituyendo un órgano consultivo
específico. Impulsaremos el principio de coherencia de políticas para que la
institución autonómica o local tenga presente los objetivos de la Paz, la Cooperación y la Solidaridad en todas sus políticas:
compras públicas, cultura, educación, entre otras. Nos comprometemos a fortalecer
o impulsar donde no hubiere una Concejalía o Consejería que tenga plenas
competencias para las políticas de Solidaridad, Paz y Cooperación al
Desarrollo.
1.
SOLIDARIDAD
La solidaridad
es la ternura de los Pueblos y es una muestra de humanidad y conciencia
política de que el ser humano nos importa y tiene derecho a una vida digna por
el mero hecho de nacer. No es caridad sino deber de la ciudadanía.
1.
Apoyaremos campañas permanentes de solidaridad con los pueblos
oprimidos bien sea en Palestina o en El Sahara, con aquellos que son amenazados
como Cuba o con aquellos que pretenden iniciar o consolidar caminos
alternativos de desarrollo como Ecuador, Bolivia o Venezuela, entre otros.
2.
Impulsaremos campañas que promuevan y apoyen los
procesos de Paz con Justicia Social, como en Colombia o Palestina, entre otros.
3.
Aprobaremos mociones de solidaridad con aquellas luchas y procesos
volcados a la mejora de las condiciones socio-económico-políticas y ambientales
de la mayoría de los diferentes pueblos, sin olvidar su incidencia sobre las mujeres.
4.
Promoveremos actos de solidaridad como manifestaciones,
concentraciones o encierros.
5.
Promoveremos el cambio de nominación de calles, plazas o edificios con
nombres significativos de causas solidarias o las asignaremos a nuevas que se construyan.
6.
Facilitaremos los intercambios entre personas y movimientos sociales de ámbitos que luchan
por la transformación social.
7.
Impulsaremos los intercambios de la corporación local tanto para
apoyar a pueblos oprimidos y comunidades que permitan
el conocimiento directo de la situación social, económica y política de cada
uno de ellos para que sirvan como
herramienta de denuncia y de aprendizaje de políticas transformadoras y
participativas.
8.
Promoveremos el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales como un todo indivisible y de aplicación
universal y denunciaremos su vulneración.
9. Facilitaremos
las sinergias que promuevan la creación y consolidación de redes solidarias.
2.
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Concebimos la
cooperación al desarrollo como una política pública y una muestra de solidaridad de la ciudadanía, donde los
pueblos, las organizaciones y las personas
nos podemos enriquecer y empoderar. Queremos
fomentar la acción conjunta de organizaciones y movimientos sociales para
transformar las estructuras políticas, sociales y económicas que son
responsables de una pérdida de derechos para la mayoría y que redunda en el beneficio
de una minoría oligárquica en todo el mundo. Nos
oponemos a toda forma de instrumentalización interesada de la cooperación al
desarrollo y a su militarización.
1.
En conversaciones con las ONGD y organizaciones de nuestro territorio
analizaremos el modelo de cooperación para mejorarlo sustancialmente.
2.
Pondremos en marcha nuevos instrumentos de cooperación que mejoren la calidad y la eficacia de las intervenciones en
cooperación y educación para el desarrollo.
3.
Favoreceremos políticas de cooperación y solidaridad internacional que
prioricen la defensa de los Derechos Humanos, políticas de igualdad de género y
la organización y formación de los movimientos sociales.
4.
Nos oponemos a que las empresas sean consideradas como agentes de
cooperación.
5.
No facilitaremos el uso de la cooperación para políticas de marketing
empresarial.
6.
Fomentaremos la conciencia social crítica ante el incremento de la
pobreza y la desigualdad, la violación de los Derechos Humanos y la inequidad
de género tanto a nivel interno de cada municipio o Comunidad Autónoma como
internacional mediante acciones de información, comunicación, sensibilización,
formación y educación para la ciudadanía global.
7.
Promoveremos convenios con los centros de enseñanza públicos y con
entidades que desarrollen educación no formal para que incorporen la educación
para la Paz y la Solidaridad en sus proyectos curriculares y/o actividades.
8.
Desarrollaremos políticas de cooperación directa con instituciones de
zonas empobrecidas para impulsar y
fortalecer municipios y Regiones con plena capacidad técnica que mejoren su
nivel institucional y de desarrollo.
9.
Revisaremos y evaluaremos los hermanamientos que se han desarrollado
hasta la fecha y fortaleceremos e
impulsaremos aquellos que tengan un impacto positivo entre las partes
participantes.
10. Favoreceremos el
trabajo en red de instituciones y/o
organizaciones sociales.
3.
PAZ
Los municipios
tienen que ser instrumentos de información y educación sobre las causas de los
conflictos y las desigualdades que existen en el Planeta. La Paz no es sólo la
ausencia de guerra, sino luchar sobre aquellas políticas que la posibilitan
como son las desigualdades, la miseria, la explotación, la violencia.
1.
Impediremos que en nuestro Municipio se ubiquen más instalaciones
militares, recuperaremos
con fines sociales el suelo cedido a las mismas y no permitiremos el almacenamiento o
tránsito de material bélico y escuelas de adiestramiento militar. No promocionaremos Ferias para la
promoción de la industria militar. Seguimos con la bandera: OTAN No, BASES
FUERA.
2.
Entraremos a formar parte de Redes que a nivel nacional o
internacional fomenten la Paz.
3.
Apoyaremos
la labor de las Comisiones de la Verdad y los procesos de Verdad Justicia y
Reparación.
4.
COMERCIO JUSTO-CONSUMO
RESPONSABLE
Desde las
instituciones se debe dar un impulso importante al comercio justo y al consumo
responsable ayudando a crear y desarrollar redes locales, facilitando la
relación con los establecimientos comerciales, reservando espacios en mercados
y dando información a la población.
1. Se impulsarán campañas de
información y etiquetado social.
2. Se aplicarán programas de
compra ética para lo cual se ajustarán los pliegos contractuales con los
proveedores.
3. Se impulsarán acciones junto a otros actores para que nuestros municipios
sean declarados como Ciudades Justas. Esto es un modelo de localidad
que acerca los productos de Comercio Justo a la ciudadanía a través de las
administraciones, comercios, empresas y el tejido asociativo.
4.
Impulsaremos
medidas que favorezcan fiscalmente al comercio justo y el consumo responsable.
